miércoles, 15 de abril de 2015

FIRMAR EN BARBECHO

«Podríamos colegir que la infanta firmaba “en barbecho”, pero casi nunca es una coartada para eludir la responsabilidad que corresponda en cada caso»

Firmando "en barbecho" 

Firmar en barbecho 

A pesar de todas las zancadillas que el régimen ha puesto para que, por primera vez en la historia de España, se siente en el banquillo de los acusados un Borbón, el procedimiento judicial ha seguido su curso. Las dificultades del propio caso, así como los impresentables alineamientos del Fiscal y  del Abogado del Estado con la defensa de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, no han amilanado en absoluto la voluntad de un Juez, José Castro, por que se conozca la verdad de robos, prevaricaciones, saqueos de arcas públicas, y enriquecimientos a costa de los impuestos de los ciudadanos, perpetrados por miembros de la Casa Real española.
En la fase final del procedimiento, cuando las partes tienen que presentar escritos que recojan sus peticiones para el juicio, así como los medios de prueba de que intenten valerse, la Infanta no solo se declara inocente, sino que pretende un trato de favor, con la argumentación ya trillada de que firmaba sin saber lo que le ponían delante de sus narices. Como no lo puede negar, por estar sobradamente acreditado, reconoce que era propietaria al 50 % de la sociedad Aizoon, pero niega la mayor, es decir, que no era cooperadora necesaria y que no tenía conocimiento de la trascendencia de lo que le pasaban para estampar su firma. En una nueva vuelta de tuerca a la normativa legal, nos encontramos ante una tesis que, de ser aceptada, echaría por tierra unas cuantas leyes y miles de sentencias de los más altos tribunales de nuestro país. Otra línea argumental de defensa, aunque no la citen, por la corrupción y prevaricación que hubo en aquello, es la llamada doctrina Botín, y que hizo que aquel “patriota”, con su fortuna a buen recaudo fuera de España, se fuera de rositas, porque no había acusación popular, y tanto el Fiscal como el Abogado del Estado, en un ejercicio de cinismo sin precedentes, decidieron no acusar al banquero de delito fiscal; es decir, una vez más, dispararon con “pólvora del Rey”, pues los perjudicados éramos todos los contribuyentes y no fuimos consultados acerca de aquel regalo que la Agencia Tributaria realizó al difunto don Emilio. Nadie ha sido objeto, a pesar de ese precedente, de tal beneficio, antes al contrario, es casi seguro, no solo pagar con creces lo defraudado, con multas e intereses, sino pasar una temporada en Soto del Real o Alhaurín de la Torre por conducta similar.
Otras perlitas de la línea argumental de defensa, y que no tienen desperdicio, son las relativas a la “intensa vida personal, institucional y profesional” de Cristina de Borbón, y donde llegan a citar, en el colmo de la desvergüenza, su pluriempleo entre la Caixa, la Casa Real y sus obligaciones de madre de cuatro hijos. Todo ello, al parecer, le impedía “estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar”.  De igual calado es la de que “tenía conocimientos mínimos de fiscalidad”.  Toda esta literatura, que no tiene consistencia jurídica para librar a nadie de sus responsabilidades, pone también en evidencia las mentiras que la propaganda monárquica ha repetido a lo largo de los años. ¿No quedamos en que tenía un altísimo cargo en la Caixa por su sólida preparación, y que acudía a diario a trabajar?  ¿No nos habían dicho que se ocupaba de sus hijos y de su casa como cualquier española de clase media?
Podríamos colegir, y puede que sea cierto, que la Infanta “firmaba en barbecho”, dicho en términos castizos. Hay una larga tradición en nuestro país al respecto, pero ello casi nunca es una coartada para eludir la responsabilidad que corresponda en cada caso. En la Administración de Justicia, y algo conozco de ello, muchos jueces y secretarios firman todo aquello que los funcionarios les pasan, en la mayoría de los casos sin leer apenas la resolución de que se trate. Esto no ha mejorado con la implantación, en algunos tribunales, de la firma electrónica. Hace como treinta años estalló en Madrid un escándalo de corrupción en el seno de los juzgados de la Plaza de Castilla; precisamente tuvo que ver con la denuncia una jueza, Manuela Carmena, hoy candidata a la alcaldía de Madrid. En realidad lo que ocurrió fue que se aprovechó un caso muy flagrante para sacar a la luz una situación generalizada de mordidas, sobornos, y todo tipo de prácticas corruptas en los juzgados de lo civil de la capital. Tuve algo que ver con el pequeño grupo de personas, entre ellas la citada magistrada, que se organizó para denunciar aquella situación y por ello guardo memoria y documentación del asunto. Recuerdo que la línea argumental de jueces y secretarios fue que firmaban “en barbecho” todo lo que les pasaban sus funcionarios, por la sobrecarga de trabajo y por la relación de confianza que existía. Lo cierto es que estos altos funcionarios consiguieron salir bien del sumario, si bien algo tocados en su prestigio profesional. Hubo uno de aquellos jueces, déspota además con sus subordinados, que un día, tiempo después, firmó sin saber una petición de traslado, de la que no pudo retractarse, pues hubiera quedado muy mal, además de no conseguir la anulación del escrito. 
Hay una inveterada costumbre en esto, madres que firman compromisos de pago de sus hijos, o familiares que firman avales bancarios con sus bienes como garantía. Esposas que firman papeles de sociedades instrumentales de bienes gananciales para pagar menos a Hacienda; esto lo hacen miles y miles de los que claman al cielo por el cumplimiento con Hacienda, como varios ministros, y todos los que en este país tienen para pagarse un asesor fiscal. Lo que nadie argumenta, cuando la Justicia o el Fisco les pillan es que no sabían lo que firmaban, y si lo hacen da igual
En cuanto a la profesión que conoce bien la infanta, la de miembro de la Casa Real española, tiene también a sus espaldas una larga tradición de “firmar en barbecho”. Claro que, cuando el que firma es el titular de la corona, o el regente o la regente, la cosa puede tener consecuencias graves, en particular para los afectados. Pero nadie les ha pedido después responsabilidad por los desafueros, salvo en una ocasión, y que fue durante la Segunda República, con la histórica sentencia que las Cortes Constituyentes aprobaron tras enjuiciar los delitos cometidos por Alfonso XIII.  Se creía entonces, tras el apoyo mayoritario del pueblo español recibido por el régimen del 14 de abril, que quedaban en el rincón de la historia aquellos Borbones, todos firmantes “en barbecho”, de expropiaciones ilegales, de venta de bienes de bienes del Patrimonio Nacional como propios, de leyes injustas, de golpes de Estado militares, de órdenes de represión brutal en las colonias, de sentencias de muerte de republicanos, etc., etc., es decir aquellos Borbones a los que las urnas señalaron el camino hacia el puerto de Cartagena, tras siglos de guerras civiles y latrocinios. Volvieron de la mano de Franco, los seguimos soportando, son los mismos. ¿Hasta cuándo?
Hoy, como ayer, ¡Viva la República!

ISABELO HERREROS

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